Del programa social a la política pública real
Repartir despensas no es lo mismo que resolver pobreza estructural; la diferencia está en si el programa se sostiene cuando cambia el gobierno.
Programas como el de seguridad alimentaria que opera actualmente el DIF
municipal en Puebla capital, enfocado en niñez no escolarizada, personas con
discapacidad y adultos mayores, cumplen una función inmediata e innegable:
ponen un plato de comida donde antes no lo había. Esa urgencia es real y no
debe minimizarse.
Pero la praxis —la distancia entre la teoría de la política pública y su
implementación efectiva— exige una pregunta más incómoda: ¿qué pasa con estos
programas cuando termina la administración que los impulsó? La historia
reciente de los programas sociales municipales en México está llena de
iniciativas que desaparecieron junto con el gobierno que las bautizó, dejando a
las mismas familias vulnerables otra vez sin red de apoyo.
La verdadera prueba de un programa social no es su cobertura inicial ni
su nombre publicitario, sino su capacidad de institucionalizarse: presupuesto
etiquetado, reglas de operación claras, mecanismos de evaluación
independientes. Sin eso, la seguridad alimentaria seguirá siendo una promesa de
sexenio y no una política de Estado. Ahí, y no en el corte de caja trimestral,
está el verdadero indicador de éxito.